SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDIOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE FUGAS DE GASES REFRIGERANTES EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
La Junta de Andalucía lidera en solitario el ranking de personal público a su cargo. Esto datos evidencia la importancia de la Junta de Andalucía como empleador y ésta es proporcional a su responsabilidad legal para proteger la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo.
En la actualidad, la Junta de Andalucía está o bien construyendo nuevos edificios administrativos (algunos con inicio de construcción a corto plazo) o bien realizando importantes reformas en edificios existentes, incluyéndose algunas de estas actuaciones dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos de las Comunidades y Ciudades Autónomas (PIREP autonómico). Por citar algunos de estos edificios tendemos el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) en la Isla de La Cartuja (Sevilla), el Edificio Administrativo Plaza de la Constitución (antiguos Juzgados) de Córdoba o el Centro de Ciberseguridad de Andalucía en Málaga.
En algunas de estas actuaciones se incluyen instalaciones de climatización de volumen de refrigerante variable. Al margen de las ventajas técnicas que puedan presentar estos sistemas de climatización, este tipo de sistema conlleva el riesgo concentrar gas refrigerante en espacios ocupados en este caso por el personal funcionario que presta sus servicios en él.
Debido a la gran cantidad de gas refrigerante presente en los circuitos, una fuga en la instalación interior podría originar una elevada concentración del gas refrigerante en una superficie determinada, con el elevado peligro que esto supone para la seguridad y salud de los ocupantes de dicha superficie, al desplazar oxígeno del aire.
Al margen de la responsabilidad moral de la Junta de Andalucía para proteger a sus trabajadores de la forma más eficaz en el interior de su entorno de trabajo, existe la posibilidad que estas fugas de refrigerante se produzcan, exponiendo al personal funcionario a un riesgo real de asfixia afectando ya directamente la responsabilidad que la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, entre otras, asigna al empleador (en éste caso la Junta de Andalucía) respecto a las obligaciones de garantizar a sus trabajadores una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo además de cumplir con principios básicos de la actividad preventiva como tener en cuenta la evolución de la técnica.
Desde la fase de proyecto para las actuaciones de este tipo de edificios, se deberían haber previsto los riesgos para el personal funcionario que prestará servicio en los mismos que los sistemas de climatización indicados suponen e incorporar un diseño de instalación y/o edificio que los eliminen o reduzcan a niveles tolerables.
Igualmente, en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de los edificios administrativos que incorporen o vayan a incorporar los citados sistemas de climatización se deben identificar los riesgos aquí expuestos, evaluarse e incorporarlos a la planificación preventiva, determinando las acciones correctivas o preventivas para su eliminación o reducción de nuevo a niveles tolerables.
El SAF siempre velará porque la Junta de Andalucía garantice la seguridad y salud de todos sus funcionarios públicos , por lo que respecto al asunto tratado en este escrito, creemos prioritario que la Junta de Andalucía garantice la seguridad y salud de los funcionarios que prestan sus servicios en los edificios administrativos dónde existen sistemas de climatización de volumen de refrigerante variable.
Por todo cuanto antecede, desde el SAF se ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que:
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Nos informe sobre los medios de control y prevención de fugas en los sistemas de climatización de los edificios administrativos de la Junta de Andalucía, concretamente cuando el sistema de climatización instalado o proyectado son de volumen de refrigerante variable.
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Nos entregue copia del Plan de PRL de los citados edificios administrativos, tanto de la evaluación de riesgos laborales (donde debiera aparecer identificado y evaluado dicho riesgo) como de la planificación preventiva (donde debería aparecer planificada las medidas preventiva y/o correctivas destinadas a eliminar o reducir el riesgo para proteger la seguridad y salud de los trabajadores de cada edificio).
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VOLVEMOS A PEDIR INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE RESTRUCTURACIÓN DE LAS DELEGACIONES
El 26 de junio de 2024, solicitamos una reunión sobre este asunto, de la cual aún no tenemos respuesta. Ya en la solicitud expresamos nuestro compromiso con el principio de desconcentración administrativa y manifestamos nuestra preocupación por la posibilidad de que la reforma se oriente hacia una mayor centralización.
Vistas las noticias del día 1 de julio de 2024, en donde el Consejero expuso el plan de reforma a los Delegados del Gobierno, nuestros temores se confirman al quedar patente que la restructuración se encamina hacia una recentralización. Como ejemplo paradigmático de esta cuestión, el Consejero expresó lo siguiente: “El consejero ha destacado también a modo de ejemplo que existen 88 áreas de personal en la Junta y se pueden concentrar en una sola provincia”. Esto nos preocupa enormemente, ya que podría implicar movilidad forzosa del personal funcionario, lo cual no solo afectaría la vida personal y profesional de muchas personas, sino que también podría deteriorar la calidad del servicio en las provincias menos favorecidas por esta centralización.
El modelo que el “Gobierno del cambio” está implementando es básicamente el de la recentralización, como ya se está viendo en la AGAPA o en la ADA. Le recordamos que no ha habido problemas de presupuesto para crear multitud de puestos de PLD en los servicios centrales de la ADA, pero no así para crear una estructura administrativa provincial que permita tener una carrera digna a su personal técnico, así como más opciones para el personal de los cuerpos generales para ocupar puestos en los departamentos de personal, gestión económica, etc., que deberían haberse creado. Por el contrario, han optado por un modelo centralizado desde los servicios centrales, llegando al absurdo de que un funcionario de Almería no pueda contactar con su departamento de personal, que se encuentra en un conocido rascacielos de la capital andaluza. Por lo que se desprende de la noticia, este es el modelo que parece que quieren seguir en las delegaciones.
Nuestro sindicato cree firmemente, que debe haber un equilibrio territorial en la distribución de los puestos para garantizar una administración justa, eficiente y equitativa.
Por todo lo anterior, reiteramos nuestra solicitud de reunión con el Consejero de Presidencia para que nos informe sobre el Plan de restructuración de las Delegaciones Territoriales y hacerle llegar nuestras propuestas de mejora, que se centran en mayor dotación de puestos y mejoras en los complementos salariales.
Vistas las noticias del día 1 de julio de 2024, en donde el Consejero expuso el plan de reforma a los Delegados del Gobierno, nuestros temores se confirman al quedar patente que la restructuración se encamina hacia una recentralización. Como ejemplo paradigmático de esta cuestión, el Consejero expresó lo siguiente: “El consejero ha destacado también a modo de ejemplo que existen 88 áreas de personal en la Junta y se pueden concentrar en una sola provincia”. Esto nos preocupa enormemente, ya que podría implicar movilidad forzosa del personal funcionario, lo cual no solo afectaría la vida personal y profesional de muchas personas, sino que también podría deteriorar la calidad del servicio en las provincias menos favorecidas por esta centralización.
El modelo que el “Gobierno del cambio” está implementando es básicamente el de la recentralización, como ya se está viendo en la AGAPA o en la ADA. Le recordamos que no ha habido problemas de presupuesto para crear multitud de puestos de PLD en los servicios centrales de la ADA, pero no así para crear una estructura administrativa provincial que permita tener una carrera digna a su personal técnico, así como más opciones para el personal de los cuerpos generales para ocupar puestos en los departamentos de personal, gestión económica, etc., que deberían haberse creado. Por el contrario, han optado por un modelo centralizado desde los servicios centrales, llegando al absurdo de que un funcionario de Almería no pueda contactar con su departamento de personal, que se encuentra en un conocido rascacielos de la capital andaluza. Por lo que se desprende de la noticia, este es el modelo que parece que quieren seguir en las delegaciones.
Nuestro sindicato cree firmemente, que debe haber un equilibrio territorial en la distribución de los puestos para garantizar una administración justa, eficiente y equitativa.
Por todo lo anterior, reiteramos nuestra solicitud de reunión con el Consejero de Presidencia para que nos informe sobre el Plan de restructuración de las Delegaciones Territoriales y hacerle llegar nuestras propuestas de mejora, que se centran en mayor dotación de puestos y mejoras en los complementos salariales.
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EN BÚSQUEDA DEL CRÉDITO PERDIDO
El 27 de octubre de 2023 solicitamos a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos los ingresos totales de 2022 relacionados con los hechos imponibles de la Ley 10/2021 de Tasas de Andalucía. Hasta ahora no hemos recibido respuesta.
En noviembre de 2023, en la Comisión del Presupuesto del Parlamento de Andalucía, pedimos que el Presupuesto de 2024 incluyera:
- Recuperación de las pagas adicionales de 2013 y 2014.
- Revisión al alza de los complementos específicos.
- Complemento de equidad retributiva para igualar con la media de las Administraciones Públicas en España.
Recordemos que desde la Ley de Tasas de 2022 hay nuevos ingresos que podrían mejorar estos complementos y financiar más plazas en las OEP.
No nos sorprende que el Presidente haya anunciado en el debate del estado de la CCAA celebrado el 26 de junio, una tercera subida salarial al personal docente y ni si quiera hayamos tenido respuesta de nuestra petición de que asumiera un compromiso de una subida de los complementos específicos en 2 años, 2025 y 2026.
El presidente ha aumentado los salarios de docentes, sanitarios y próximamente al personal de justicia, pero ha dejado de lado al personal funcionario de la administración general. Es como si fuéramos el colectivo apestado al que se discrimina, a pesar de nuestro esfuerzo y dedicación continuos.
Aplicándose aquello de que “la bien caridad entendida empieza por uno mismo”, el Presidente Moreno empezó por subirse el sueldo un 20% a sí mismo y a sus consejeros. Todo un ejemplo de pésimo liderazgo.
Por todo lo anterior, hemos vuelto a solicitar información sobre los ingresos generados por la Ley de Tasas para el año 2022 y 2023. Queremos conocer si se ha usado y se está usando para financiar las subidas de distintos colectivos, incluidos altos cargos y Consejo de Gobierno.
En caso de no responder, acudiremos al Consejo de Transparencia y a los juzgados.
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