¿Interinos en Fraude de Ley?
Un colectivo de funcionarios interinos, que superan los tres años de interinidad porque la Administración lo ha permitido y que entienden por ello que están un fraude de Ley, se encuentra detrás de la recogida de firmas para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Sus pretensiones son que el gobierno andaluz apruebe una Oferta de Empleo Público (O.E.P.) en la que procedimiento de selección sea en exclusiva el concurso de méritos, y dada su excepcionalidad, debería aprobarse con una norma de rango de Ley, tal como establece el TREBEP.
La intención de este colectivo no es otra que la de acceder a la condición de funcionario de carrera en un procedimiento “ad hoc” – a medida-, o lo que es lo mismo, un procedimiento sin oposiciones. En resumidas cuentas, pretenden que se aprueba una O.E.P. con nombres, apellidos y D.N.I., lo que constituye un auténtico atentado a los derechos del resto de ciudadanos que quieran acceder a la administración pública y un auténtico atentado a los Principios establecidos por la Constitución.
Desde SAF nos parece una injusticia y una inmoralidad participar en un fraude que ellos mismos denuncian y luego aprovecharse del mismo para obtener ventaja respecto al resto de opositores.
La pretensión de este colectivo supone una burla sin precedentes al principio de igualdad y de libre concurrencia que debe regir cualquier procedimiento selectivo de acceso a la función pública. Esta propuesta no es nada ética, además de demagógica, injusta y sobre todo egoísta. Pretende que haya “ciudadanos de primera y de segunda” a la hora de acceder a la administración. Estos interinos aspiran a que se les pongan en bandeja las plazas de funcionarios sin el más mínimo esfuerzo para superar una oposición, lo que les convierte en “ciudadanos de primera”. El resto de opositores, los que no se han aprovechado de esta circunstancia del fraude de Ley y que deberán acreditar su valía en las exigentes oposiciones, son los “ciudadanos de segunda.”
Estos interinos, cuando accedieron a tal condición en la administración, eran plenamente sabedores de ello. Y en la Administración General de la Junta de Andalucía muchos accedieron a puestos de personal interino sin pasar ninguna prueba selectiva (simplemente a través de sondeos del SAE). A mayores, durante muchos años han podido presentarse a las distintas O.E.P. en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos opositores. Pero tampoco lo han hecho o lo han conseguido.
Los responsables de la temporalidad en el empleo público no son otros que los regidores de las distintas administraciones, que permiten interinidades con periodos de tiempo tan extensos. También de forma egoísta, pues son los que sacan su trabajo adelante. No es de recibo que haya interinos con más de 20 años… de interino. Y LOS HAY. Las situaciones de este tipo no pueden durar tanto en el tiempo. Es urgente una regulación de máximos. Y la mejor solución a la temporalidad es la convocatoria de todas las plazas dotadas y vacantes en procesos selectivos de oposición, por supuesto sin fase de concurso de méritos. Unas oposiciones en las puedan participar todos los ciudadanos bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y también con publicidad, transparencia y LIBRE CONCURRENCIA. Oposiciones con pruebas selectivas objetivas y objetivables, ya que, sin duda, es el mejor sistema para seleccionar a las personas más preparadas.
Desde SAF siempre hemos trabajado, luchado y hasta exigido que esto sea así. Y ahora no vamos a cambiar.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios pide públicamente al nuevo “gobierno del cambio” que esté a la altura que se le espera y que gobierne para TODA LA CIUDADANÍA, sin permitir ni otorgar privilegios y mucho menos sin beneficiar a estos colectivos particulares, con pretensiones tan injustas y egoístas frente al resto de la ciudadanía.
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Postura del SAF ante el resultado de las AUDITORIAS a la ADMINISTRACIÓN PARALELA
SAF VALORA EL RESULTADO DE LA AUDITORÍA INTERNA REALIZADA POR LA INTERVENCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SOBRE 12 AGENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PARALELA
En el Sindicato Andaluz de Funcionarios hemos conocido, a través de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el resultado provisional de los informes de la Auditoría encargada a la Intervención de la Junta de Andalucía por el nuevo Gobierno el pasado 26 de enero.
Aunque todo lo expuesto en el Palacio de San Telmo es un secreto a voces conocido por el SAF desde hace ya demasiados años, el aderezo de esta realidad con datos y números concretos (siempre ocultos durante el anterior gobierno) no hace más que evidenciar la utilización partidista, sectaria, a conveniencia del gobierno que nos ha desgobernado durante 37 años y a beneficio sólo de unos pocos.
Ha quedado más que claro que las 27.300 personas que integran la Administración Paralela (y en concreto los 9.000 “empleados públicos” que pertenecen a estas 12 Agencias) han accedido a la administración andaluza sin ningún proceso reglado de selección, sin la observancia de los consabidos Principios de Igualdad, Mérito, Capacidad y Publicidad (I+M+C+P). Sonroja saber que de 9.461 personas en estos Entes, sólo 498 son personal Funcionario (468 pertenecientes a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia) y SÓLO 30 FUNCIONARIOS para el resto de las otras 11 Agencias auditadas. Y todo ello para gestionar 2.411 millones de euros de presupuesto. Sin olvidar que estos datos corresponden al 34% de la Administración Paralela… y por tanto queda por auditar el 66 %.
Que en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía se encuentren sin ocupar, por carecer de cobertura económica, alrededor de 25.000 puestos y que haya 27.300 puestos en la Administración paralela, deja bien a las claras cuál ha sido la componenda del anterior gobierno: sustituir unos por otros. El detalle no observado es que las potestades públicas están reservadas a personal funcionario y de ahí que en las Agencias, Fundaciones y Consorcios se estén produciendo dos supuestos: o se está “mano sobre mano” (en palabras del exportavoz y exConsejero de Cultura) o se estén desarrollando potestades públicas por personal ni cualificado ni autorizado, ejecutando actos de nulidad palpable.
Desde SAF es más que conocida nuestra postura acerca de la subsistencia, extinción, reducción, fusión o liquidación de estos Entes Instrumentales de dudosa creación y procedencia. Lo que no nos parece de recibo es que el personal que los integra y que ha entrado en la administración por la puerta de atrás (la inmensa mayoría con contratos de Alta Dirección – por ejemplo, el 64% en la Agencia Pública de Educación-) sean mantenidos en el seno de la Junta de Andalucía en perjuicio de tantas personas que se afanan por sacar un puesto por oposición. ¿Qué funciones se pretenden para estos Altos Directivos? Y ésta es una cuestión que afecta de lleno al actual Gobierno del Cambio.
En el Sindicato Andaluz de Funcionarios estaremos muy atentos a este devenir. Pondremos sobre la mesa mil y una argumentaciones para asegurar que los empleados públicos no deben ser como la energía, que ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Y si los Entes se extinguen, la solución no está en agrupar a sus 27.340 en otro “Ente de acogida” ni en buscar a éstos funciones con calzador.
Se trata de amortizar este sistema y en derogar una Ley de Ordenación que nació de la voluntad que ahora se ha demostrado: recaudar más para alimentar y engordar el aparato administrativo y político de una administración más que cuestionada por la Cámara de Cuentas, la Intervención General y la propia ciudadanía, inmersa en duplicidades, irregularidades, incumplimientos y carente de la más mínima eficacia y eficiencia en la gestión pública. En la mano del nuevo Gobierno está, pues, acabar con ella.
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