28 de Abril: Día Mundial de la SEGURIDAD y la SALUD en el Trabajo
28 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. PARA TODO EL MUNDO MENOS PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
LA ALTA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE SUS PROPIOS FUNCIONARIOS, A PESAR DE LAS DECLARACIONES GRANDILOCUENTES DE LOS POLÍTICOS RESPECTO A LAS EMPRESAS PRIVADAS
La Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral ni lidera el impulso preventivo, ni dicta criterios técnicos. Por si fuera poco, no tiene todas las competencias EXCLUSIVAS en lo que a prevención se refiere, puesto que están repartidas con la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y con la Dirección General de Presupuestos. Este modelo “tricéfalo” es incapaz de tomar decisiones en materia de prevención para mejorar las condiciones de seguridad y salud del personal funcionario. Debido a esta situación, inexplicablemente, todavía quedan puestos de asesor Técnico (Técnico Superior) en las relaciones de puestos de trabajo sin ocupar, ni siquiera por artículo 30. Además, ni hay dinero para la prevención propia, (ya que para crear más puestos se tienen que amortizar otros), ni hay dinero para acciones preventivas concretas. Aunque -eso sí- todos los años se reparten desde distintas instancias importantes cantidades de dinero en subvenciones a la patronal y sindicatos de clase.
Otra prueba más de la falta de compromiso es que es Estado aprobó y publicó en el BOE, hace ya más de tres años, un protocolo de violencia de terceros…. y en Andalucía seguimos esperando la aprobación de nuestro protocolo, a pesar de haber sido participado en todos los comités de seguridad y salud y de haber pasado por mesa sectorial.
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO CUMPLE LA LEY 31/95, QUE EN SUS ASPECTOS FUNDAMENTALES ES NORMATIVA BÁSICA DEL RÉGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS, RESPECTO A:
El dimensionamiento y los medios materiales de las unidades de prevención, que son claramente insuficientes para poder cumplir todas las obligaciones legales (evaluaciones de riesgos incluidas, riesgos psicosociales, formación en riesgos específicos, etc…) por falta de técnicos superiores y por no crear en R.P.T. los puestos de técnico intermedio, básico y de personal de apoyo administrativo. En muchas ocasiones años después de la aprobación de los planes de prevención no se tienen equipos de medida calibrados propios y hay que seguir pidiéndolos prestados.
La vigilancia de la salud es claramente insuficiente por falta de médicos y enfermeros del trabajo. Imposible realizarla a los funcionarios en general y al personal especialmente sensible (incluidas las embarazadas) que necesita una adaptación del puesto de trabajo. Gracias a las denuncias del SAF a la Inspección de Trabajo se están sacando puestos de medicina y enfermería del trabajo en las ofertas de empleo público.
Por otra parte, no se garantiza suficientemente la confidencialidad y no discriminación en la vigilancia de la salud, estando especialmente agraviado el colectivo de agentes de medio ambiente, que ha enfermado por la ausencia de planes de prevención durante muchos años y ahora mediante un reconocimiento médico obligatorio se les pretende apartar de determinadas funciones con un serio perjuicio en su carrera administrativa en muchos casos.
La integración de la prevención a todos los niveles jerárquicos es claramente insuficiente, destacando la falta de formación preventiva, por no decir el desconocimiento absoluto en muchos casos, de las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas de las Consejerías y de las Secretarías Generales de las Delegaciones Territoriales, que a efectos de reparto de responsabilidad es como si fueran el empresario en una empresa privada. A esta falta de formación se une la falta de compromiso preventivo que se pone de manifiesto en el hecho de que nunca, salvo contadas excepciones, asisten a una convocatoria para dar consulta y participación en prevención a representantes de los trabajadores y/o Delegados de Prevención.
Casi 25 años después de la aprobación de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales no es ya que en casa del herrero tengamos cuchara de palo, es que a estas alturas, en muchos casos no tenemos ni cuchara. Sin embargo, a pesar de esta situación la Junta tiene competencias para sancionar todos los incumplimientos anteriormente descritos si ocurrieran en una empresa privada.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) no se cansará de presentar denuncias ante la Inspección de Trabajo y en los Tribunales de Justicia para defender tu derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo. Respecto a las sentencias firmes ganadas en esta materia, no dudéis que no cejaremos en nuestro empeño hasta su total ejecución.
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Una Sentencia obliga al cese de actividades que conlleven potestades públicas al personal Faffe y Utedlt.
Como consecuencia de la demanda del SAF, el juzgado ordena el cese inmediato de la actividad, ejercida en los centros de referencia para orientación (CRO) y unidades de orientación, por el personal procedente de FAFFE y UTEDLT, que han estado actuando sin cobertura jurídica alguna. También alerta de la bochornosa desfuncionalización de los Departamentos de Orientación en toda Andalucía (14 funcionarios y 500 laborales de la Agencia SAE), CORROBORANDO que personal laboral está realizando funciones de valoración de cumplimiento de subvenciones que corresponden a personal funcionario
Por Sentencia de 28 de marzo del 2019, del Juzgado de lo Contencioso núm. 4 de Sevilla, se comprueba que el personal procedente de FAFFE y UTEDLT ejercía labores de asesoramiento para el empleo mediante unos órganos denominados CRO (Centros de Referencia para la Orientación) y Unidades de Orientación, órganos que la sentencia ratifica que no habían sido objeto de creación, motivo por el que el juez ordena el “cese inmediato de la actividad material desarrollada por la vía de hecho por las estructuras administrativas denominadas “Centros de Referencia para la Orientación y Unidades para la Orientación gestionadas con medios propios de la Agencia SAE, hasta tanto estas sean constituidas conforme a Ley”.
La Sentencia alerta de la situación gravísima en que se encuentran los departamentos funcionariales, indicando que (extractos de la Sentencia):
“en la RPT del SAE existen numerosas unidades y fundamentalmente para el supuesto de autos, los Departamentos de Orientación, que tienen encomendada funciones que se solapan con las funciones que se le encomienda a los CRO, por lo que se han creado órganos que solapan las funciones de órganos existentes, y así además de forma clara y determinante se ha explicitado en el acto de la vista por el funcionario que ha depuesto en calidad de testigo”
“Y ello aun cuando del expediente, así como de la documental aportada por la parte demandada -a requerimiento de la actora-, la web oficial del Servicio Andaluz de Empleo y la testifical realizada en el acto de juicio, se desprende cumplidamente, que los CRO y los UO y por ende el personal que integra dicha estructura en cada una de las provincias, vienen a realizar una valoración del cumplimiento de la subvención. No obstante lo cual, la evaluación del desempeño, de forma individual o total, en relación con las subvenciones de un Plan en concreto, si los realiza dichas “estructuras administrativas”, por lo que tienen que conocer el contenido del expediente”.
Es decir, que el personal procedente de la extinta FAFFE y Utedlt, están participando en el desempeño de potestades administrativas de comprobación del cumplimiento de la subvención, que corresponden a los funcionarios del Departamento de Orientación.
Más alarmante aún son las cifras de personal, que se corroboran al indicar que:
“…..se pone de manifiesto que dichas estructuras cuentan con más de 500 laborales adscritos de la Agencia -sin duda provenientes de la FAFFE, entre otros-, y solo cuenta con 14 funcionarios, en relación al servicio de orientación y gestión en toda Andalucía. Dicha circunstancia, hace que no sólo pueda estimarse que se ha venido produciendo una desfuncionalización del servicio de orientación y gestión del SAE, sino que la función pública integrada por funcionaris ha venido mermando sus cometidos, como de forma clara y determinante lo ha declarado el testigo que depuso en el acto de juicio, y cuyo testimonio se ve cumplidamente ratificado por la desproporción existente entre los laborales y los funcionarios que aparecen en la RPT en el servicio de orientación y gestión.
Seguidamente informa que dichas funciones de seguimiento o participación en la evaluación no pueden ser realizadas fundamentándolo en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En consecuencia, la Sentencia reconoce que se están realizando funciones reservadas a personal funcionario por parte del personal laboral, pero no estima en dicho sentido nuestras pretensiones por una mera cuestión de forma, puesto que la vía de hecho que se recurre se da cuando no existe cobertura jurídica alguna, y el Juzgado entiende que SÍ hay cobertura en la normativa reglamentaria (Decreto y Ordenes) por las que se regulan las funciones en materia de orientación profesional, por lo que aprecia que debe recurrirse por la vía de la impugnación ordinaria contra dicha reglamentación.
No obstante, desde el SAF estimamos que ello no es así, puesto que dicha normativa solo atribuye funciones genéricas en materia de asesoramiento, pero nada sobre la (comprobada en este proceso) participación en la evaluación y seguimiento de las subvenciones, por lo que dichas actuaciones carecen de cobertura jurídica alguna, motivo por el cual desde el SAF se impugnara también la desestimación parcial de nuestras pretensiones.
Igualmente, hemos exigido a la Consejería de Empleo y al Servicio Andaluz de Empleo, la inmediata creación y dotación de puestos funcionariales en las Relaciones de Puesto de Trabajo y, en su caso, llamamiento de funcionarios interinos, para atender las funciones que nunca debieron encomendarse a dicho personal externo de FAFFE y Utedlt, sobre todo si atendemos a que existe un cuerpo funcionarial (A1.2028), Ciencias Sociales y del Trabajo, que la Administración creó en el año 2005 y del cual ha ido paulatinamente desdotando puestos y dejando de sacar plazas a OEP. El motivo de este expolio funcionarial era un “secreto a voces” y esta Sentencia lo ha evidenciado: las funciones de dicho Cuerpo (así como de otros Cuerpos Generales) están siendo realizadas por el personal laboral subrogado procedente de FAFFE y Utedlt.
Por ello y dado que dicho personal subrogado está prácticamente sin funciones, pedimos también que, por parte de la Consejería y del SAE, se proceda al despido colectivo de dicho personal subrogado en los términos previstos en la DA 16ª del Estatuto de los Trabajadores, bien sea por causas técnicas u organizativas, como ya adelantó nuestra organización sindical al Presidente de la Junta de Andalucía tras las elecciones. Se está manteniendo un personal que está llevando a cabo potestades públicas sin ser personal funcionario, se están solapando sus escasas funciones y se está procediendo a la desfuncionarización de la función pública andaluza.
Si en el los programas electorales de los partidos que abogaban por un Gobierno del Cambio estaba la supresión de la Administración Paralela, el primer paso lo acaban de marcar los Tribunales con esta Sentencia.
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Reunión del SAF con el ViceConsejero de Presidencia: Auxiliares de Seguridad
REUNIÓN CON EL VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA e INTERIOR SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL CUERPO DE AUXILIARES DE SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
En el día de ayer SAF ha asistido a una reunión en el Palacio de San Telmo con el Viceconsejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Sr. Sanz Cabello, y las personas titulares de la Secretaría General para la Administración Pública, la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos y la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, entre otras.
Hemos expuesto al Viceconsejero la histórica problemática que arrastra el colectivo de Auxiliares de Seguridad de la Administración General de la Junta de Andalucía, colectivo que carece de carrera administrativa, al tratarse de un cuerpo cerrado, sin movilidad y sin ninguna opción de promoción. Además de disponer de unos turnos y horarios que cubren toda la jornada, los 365 días del año.
En este momento histórico en Andalucía, con un gobierno “del cambio”, se necesita afrontar con urgencia la problemática de un colectivo maltratado que los anteriores gobiernos no sólo no han solucionado, sino que han acrecentado con el paso de los años. Hemos tenido infinidad de reuniones en los últimos años con los anteriores responsables, y la respuesta siempre ha sido la misma, NADA. Algunos de estos históricos responsables se encontraban en la reunión de ayer, algo que no podemos entender ni mucho menos compartir.
Planteamos nuevamente varias soluciones que pueden paliar la situación, algunas de forma más inmediata otras más a corto plazo: modificación de la RPT con la doble adscripción C1 y C2 de las plazas de Agentes de Seguridad, modificación de áreas, modificación de complementos,… También ponemos sobre la mesa la modificación de la Ley para crear cuerpos de seguridad de todos los grupos, promoviendo la carrera de este colectivo.
El Sr. Viceconsejero ha mostrado una total receptividad a las peticiones del colectivo, y quiere que esta problemática se solucione de una vez por todas y lo antes posible.
Para ello ha propuesto la constitución inmediata de un Grupo de Trabajo, formado por los Sindicatos de la Mesa Sectorial, y los máximos responsables de la Dirección de Recursos Humanos y Función Pública, de la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos y de la D.G. de Emergencias y Protección Civil.
Dicho grupo de trabajo comenzará a trabajar de forma inmediata con la propuesta consensuada que hemos puesto encima de la mesa. Gracias a la participación ahora, y por primera vez, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, se marcarán unos tiempos más cortos y se dotará de una agilidad que hasta ahora ha brillado por su ausencia.
Desde SAF no cejaremos en el empeño de trabajar por este colectivo de Auxiliares de Seguridad hasta llegar a buen término la negociación y la definitiva resolución de su crónica problemática. Esperemos que ésta sea la definitiva.
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