En el apartado Noveno del acuerdo de 13 de julio de 2018 de la Mesa General de Negociación, se acuerda la creación de un grupo de trabajo en relación con el sector público instrumental (“administración paralela”), para abordar la estabilización de empleo temporal, la sostenibilidad del sector público instrumental y defensa global y desarrollo armónico de los recursos humanos de dicho sector.
 
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios, queremos recordar que el sector público instrumental de la Junta de Andalucía supone un total de 26900 trabajadores (entidades públicas empresariales, fundaciones y personal laboral propio de Agencias de Régimen Especial), personal que no ha sufrido reducciones desde el año 2009, cuando contaba con 27488 trabajadores (Datos extractados de informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas y portal de transparencia).
 
No obstante el personal funcionario de la Administración General representa  en el año 2016 un total de 20031 funcionarios de carrera y 2495 interinos, cuando en el año 2009 se contaba con un total de 26249, esto es, se ha destruido el 20 % de los puestos de trabajo funcionariales frente al estricto mantenimiento de la “administración paralela” en la última década.
 
Todo ello con respecto a un personal sobre el que los informes de fiscalización realizados sobre selección de personal de dichas entidades instrumentales por parte de la Cámara de Cuentas reiteran el incumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso.
 
A pesar de esta sobredimensionada estructura paralela, los esfuerzos de algunas organizaciones sindicales de clase y de la propia administración giran, únicamente, en torno al mantenimiento, sostenibilidad y estabilidad de dicho personal, con independencia de su sospechosa forma de acceso, necesariedad y de las funciones que realizan, esto es, en muchos casos no tienen apenas funciones (es sobradamente conocido el caso del personal procedente de FAFFE, donde en la misma Mesa Sectorial se comentó por los responsables de Función Pública que no sabían que funciones darles, preguntando a los sindicatos que funciones les daban, ante nuestra completa indignación) y en otros realizan las propias de personal funcionario (basta comprobar las múltiples encomiendas de gestión anuladas, los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas que ratifican la confusión dentro de la panoplia de tareas realizadas por dicho personal, sentencias del TSJA sobre IDEA y la Agencia Andaluza de Energía, tachando de incomprensible como desempeñaban potestades públicas Agencias sin funcionarios públicos, etc.).
 
Lo que la Administración Autonómica necesita y desde el SAF se seguirá defendiendo y demandando, será la amortización de los puestos ocupados por el cada vez más numeroso personal indefinido no fijo en la administración paralela, en favor de la creación y dotación de puestos de trabajo de personal funcionario público, único personal con garantías de imparcialidad de conformidad con nuestra Constitución y único capacitado para el desempeño de potestades públicas, máximo cuando estamos siendo testigos del paulatino desmantelamiento de las Relaciones de Puestos de Trabajo en favor de la Administración Paralela.

Recordamos que en el presente Acuerdo, al igual que pasó en el Acuerdo del 2.015, no se encuentra recogido el abono de las PAGAS ADICIONALES de las Pagas Extraordinarias de los años 2.013 y 2.014 que en repetidas ocasiones ha solicitado este Sindicato Andaluz de Funcionarios ante los máximos reponsables políticos de la Junta de Andalucía.

Una vez más los sindicatos firmantes de estos Acuerdos son cómplices de este agravio para con los funcionarios públicos de la Administración andaluza.

En los meses de junio y septiembre del pasado año, el SAF reclamó a la Presidenta de la Junta, en sendos escritos, que cumpliera su promesa de devolver todos los derechos sociales y económicos suprimidos durante la terrible crisis económica que azotó nuestro país. A nuestra petición no contestó la Presidenta, como hubiera sido lógico, y en su lugar lo hizo la Secretaria General para la Administración Pública, afirmando que "...con la reanudación en el año 2015 del abono de estas pagas suprimidas, se consideraba recuperado este derecho". Consideramos esta respuesta una falta de respeto intolerable al colectivo de funcionarios de Administración General que el SAF representa, ya que lo que solicitamos es el abono de la parte de sueldo sustraído en el 2013 y 2014 por esta Administración, que parece estar más preocupada en seguir engordando la “administración paralela” de enchufados que en devolver los derechos perdidos al personal funcionario.

Insistimos una vez más en recordar que la Junta de Andalucía fue la ÚNICA Administración Pública que no abonó estas Pagas, existiendo por tanto una situación de discriminación de sus funcionarios con respecto al resto de funcionarios de las distintas administraciones públicas españolas.

AQUÍ puedes descargar el Acuerdo de Mejora del Empleo Público firmado el pasado viernes 13.

La Secretaria General para la Administración Pública no responde ni al Defensor del Pueblo sobre la convocatoria del concurso de méritos.
 
Ante la total inactividad de la Secretaría General para la Administración Pública (S.G.A.P.) y de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (D.G.RR.HH.F.P.),  y la falta de respuesta a nuestras demandas de convocatoria del concurso, interpusimos Queja ante el Defensor del Pueblo el 19 de abril de 2018, solicitando la inmediata convocatoria, la exigencia de responsabilidad y la puesta en conocimiento a la Fiscalía por si se pudiera derivar responsabilidad penal.
El Defensor del Pueblo nos ha contestado en fecha 9 de julio de 2018, indicándonos que el 21 de mayo de 2018 solicitaron a la SGAP información al respecto y que no han recibido respuesta hasta la fecha, por lo que le han reiterado el requerimiento.
El propio Defensor del Pueblo ya determinó la responsabilidad de dicho cargo en cuanto a la convocatoria de los concursos de méritos, en un recordatorio de sus deberes legales.
La total pasividad de una sola persona está lastrando el derecho a  la carrera administrativa de 20000 funcionarios de carrera, así como a la conciliación de su vida personal y familiar, a pesar de tener la obligatoriedad semestral de instar la convocatoria del concurso de méritos (debió haberse convocado como máximo el 1 de marzo de 2018), y llevar convocados únicamente tres concursos en los últimos 10 años, sin existir, a fecha actual, causa alguna que impida su inmediata convocatoria.
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios vamos a exigir al Consejero la inmediata incoación de sanción disciplinaria de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno contra la titular de la S.G.A.P. y de la D.G.RR.HH.F.P., por la comisión de infracción muy grave, “notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”, infracción cuya sanción lleva aparejado el cese, la perdida de indemnización y la imposibilidad de ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años, y seguir insistiendo en la remisión de actuaciones a la Fiscalía.

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