INSTAMOS AL SAE A ANULAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN TRAMITACIÓN BASADOS EN CRITERIOS ALEATORIOS, POR SUPONER VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
En el SAF hemos tenido conocimiento de una sentencia de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla, en la que se impugnaba la Oferta Pública por la que se seleccionaban tres puestos para personal funcionario interino del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (A1.2003), en aplicación de la Adenda 2/2021 del SAE, adenda que establece un tercer criterio de desempate consistente en la proximidad del inverso del NIF a un número y letra al azar, en definitiva, una lotería en base al DNI.
Por dicha Sentencia se anula la citada Oferta genérica de empleo por vulneración de los derechos fundamentales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, previstos en los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la CE, al considerar que “el único criterio para enviar a los participantes que se inscriben en la oferta, que tienen la titulación, es un criterio aleatorio, “de suerte”, que no tiene en cuenta ningún mérito o capacidad”.
Este criterio aleatorio vino a sustituir a otro todavía más injusto (orden de fecha de inscripción en la oferta), el cual fue objeto de recurso judicial por nuestra parte y que el TSJA ya ha declarado en una reciente sentencia nulo por vulnerar los derechos fundamentales.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el SAF hemos dirigido sendos escritos a la DGRRHHFP y al a Dirección Gerencia del SAE instando a que se proceda a anular todos los procedimientos de selección en tramitación en base a la aplicación de la Instrucción 2/2021 y de la Adenda por suponer vulneración de derechos fundamentales. Así mismo, hemos solicitado que se inicien con urgencia los trámites tendentes a la negociación con las organizaciones sindicales del procedimiento de selección mediante oferta genérica de empleo público, de manera que quede garantizado el pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Por dicha Sentencia se anula la citada Oferta genérica de empleo por vulneración de los derechos fundamentales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, previstos en los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la CE, al considerar que “el único criterio para enviar a los participantes que se inscriben en la oferta, que tienen la titulación, es un criterio aleatorio, “de suerte”, que no tiene en cuenta ningún mérito o capacidad”.
Este criterio aleatorio vino a sustituir a otro todavía más injusto (orden de fecha de inscripción en la oferta), el cual fue objeto de recurso judicial por nuestra parte y que el TSJA ya ha declarado en una reciente sentencia nulo por vulnerar los derechos fundamentales.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el SAF hemos dirigido sendos escritos a la DGRRHHFP y al a Dirección Gerencia del SAE instando a que se proceda a anular todos los procedimientos de selección en tramitación en base a la aplicación de la Instrucción 2/2021 y de la Adenda por suponer vulneración de derechos fundamentales. Así mismo, hemos solicitado que se inicien con urgencia los trámites tendentes a la negociación con las organizaciones sindicales del procedimiento de selección mediante oferta genérica de empleo público, de manera que quede garantizado el pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
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Los sindicatos de Mesa Sectorial de la Junta barajamos movilizarnos contra la politización de la Administración a través de los puestos de libre designación
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) y Comisiones Obreras (CCOO), organizaciones presentes en la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía y una representación conjunta que ronda el 90%, hemos anunciado de forma conjunta que barajamos convocar movilizaciones en contra de la politización de la Administración provocada por la provisión de puestos de libre designación en la Junta, si la Administración regional no da marcha atrás en su forma de proceder.
Las organizaciones firmantes rechazamos la modificación en el Decreto 2/2002 de la provisión de puestos por el sistema de libre designación (PLD) que prevé la Junta de Andalucía, por falta de reciprocidad con otras administraciones y porque no despolitiza la Administración autonómica sino que fomenta justamente lo contrario. Con ello, la Junta perpetúa la politización de la Administración en lugar de despolitizarla, tal y como era el compromiso del Gobierno que la sustenta.
De esta forma, el personal funcionario de la Junta resulta perjudicado con la modificación que plantea la Administración por no existir reciprocidad con otras administraciones en relación a la posibilidad de ocupar un puesto de libre designación. A lo que hay que añadir que las RPT ya reflejan los puestos que son susceptibles de ser ocupados (y lo son) por personal de otras Administraciones (personal docente en determinados puestos de la Delegación de Educación, sanitarios en la de Salud etc…). Con este movimiento, la Junta quiere abrir la puerta a todos los puestos, un despropósito sin justificación alguna.
En este sentido, los sindicatos frimantes entiendemos que la Junta desconfía de la profesionalidad y el talento de su propio personal, dando cabida y abriendo la puerta al de otras administraciones pero sin darle la oportunidad de desarrollar su carrera en estas mismas administraciones, un extremo que perjudica gravemente la carrera profesional del personal funcionario de la Junta. En este sentido, los sindicatos de Mesa entienden que la Junta desconfía de la profesionalidad y el talento de su propio personal, dando cabida y abriendo la puerta al de otras administraciones pero sin darle la oportunidad de desarrollar su carrera en estas mismas administraciones, un extremo que perjudica gravemente la carrera profesional del personal funcionario de la Junta.
De hecho, el artículo 61 del borrador del proyecto de decreto no se ha negociado con las organizaciones sindicales, ni se incluyó en el documento expuesto al trámite de audiencia e información pública para la presentación de alegaciones al mismo. Dicho artículo establece que “El personal funcionario de carrera procedente de otras Administraciones Públicas podrá participar en los procedimientos de cobertura de los puestos de trabajo cuyo sistema de provisión sea la libre designación, salvo aquellos en los que la relación de puestos de trabajo establezca un tipo de Administración de las previstas en el artículo 46 de este Reglamento, en los que, además del personal funcionario de carrera de la Administración General de la Junta de Andalucía, solo podrá participar el procedente del tipo de Administración establecido en relación de puestos de trabajo”.
Con ello se regularizan situaciones ilegales de personal que ocupa este tipo de puestos sin cumplir las características establecidas en la RPT correspondiente. Concretamente, entre 2020 y 2022 un total de 226 puestos de libre designación han sido cubiertos mediante modificaciones de RPT y no por concurso, tal y como en un principio era el compromiso de la Administración. Un concurso de méritos que ha quedado en el olvido.
Las Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía formado entre PP y Ciudadanos, aluden específicamente en su apartado I.5 a los PLD. Dicho punto habla de “una función pública profesional y libre de injerencias políticas” y establece que se aprobará una Ley de Función Pública “que siente las bases de una administración pública cada vez más moderna, eficaz y profesional. Queremos apostar por el mérito, la capacidad y la formación continua de nuestros funcionarios para responder a las exigencias de calidad en los servicios públicos. Restringiremos el sistema de libre designación, generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza bajo los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad". Restringiremos el sistema de libre designación, generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza bajo los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad".
Con esta modificación del decreto que se pretende consumar, sin negociar con los sindicatos y sin el debido trámite de audiencia pública, lo que hace es consolidar un sistema que lejos de despolitizar la Administración, perpetúa su politización y la discrecionalidad de nombrar a una u otra persona.
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Nos concentramos contra el abandono del Servicio de Protección de Menores de Málaga
El SAF junto con los sindicatos CSIF e ISA nos concentramos ayer martes ante la Delegación Territorial de Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga en protesta por la situación de abandono que atraviesa el servicio de Protección de Menores.
Las tres organizaciones sindicales, que representamos a la mayoría de la Junta de Personal de esta Delegación, denunciamos la falta de personal que arrastra este servicio, unida a la pésima organización del mismo, que están provocando una sobrecarga laboral insostenible al conjunto de la plantilla que compromete la prestación de este servicio público esencial.
Las tres organizaciones sindicales, que representamos a la mayoría de la Junta de Personal de esta Delegación, denunciamos la falta de personal que arrastra este servicio, unida a la pésima organización del mismo, que están provocando una sobrecarga laboral insostenible al conjunto de la plantilla que compromete la prestación de este servicio público esencial.
Por otro lado señalamos que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en Protección de Menores no se ha actualizado nunca ni adaptado a las necesidades reales, provocando una cada vez mayor precarización tanto para los trabajadores como para el servicio público.
Además desde el SAF pedimos a la Administración autonómica que acabe con los continuos incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y que lleve a cabo la necesaria evaluación de los riesgos psicosociales en este servicio, como en reiteradas ocasiones se le ha requerido desde las organizaciones sindicales.
De este modo, exigimos a la Junta de Andalucía que cumpla con la normativa en materia preventiva y desarrolle el Plan de Prevención –obligatorio desde 1995– en el Servicio de Protección de Menores, que es esencial para planificar las actuaciones en PRL.
Así mismo informamos que la Junta de Personal ha denunciado todos estos incumplimientos en numerosas ocasiones ante los responsables del Servicio, que no han adoptado ningún tipo de medida para solventar la situación, por lo que exigimos que se asuman las oportunas responsabilidades en esta materia en la provincia.
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