Los sindicatos rechazan que se analice las redes sociales de sus empleados para cambiarlos de puesto mientras el Gobierno andaluz alega que esta reforma no está sobre la mesa.

Rechazo unánime de todos los sindicatos al conocido como proyecto del genoma del funcionario de la Junta de Andalucía, que consiste en analizar y rastrear las redes sociales de los empleados públicos andaluces, a través de inteligencia artificial, para detectar sus gustos y preferencias para utilizarlos después en su promoción y el cambio de puesto de trabajo dentro de la Administración.

«Despropósito», «aberración jurídica», una «barbaridad», un «atropello que vulnera principios constitucionales» y un control del personal que es «más propio de regímenes totalitarios». Estos son algunos de los calificativos empleados por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, CSIF, CCOO y UGT sobre el plan de la Junta para sus empleados públicos.

La idea del genoma del funcionario la lanzó recientemente Ana María Vielba, secretaria general para la Administración Pública de la Junta, en la presentación durante unas jornadas del anteproyecto de ley de Función Pública, cuya tramitación fue aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz el pasado 16 de febrero y que ahora está en trámite de información pública.

En esas jornadas, la alto cargo explicó que el genoma del funcionario es un proyecto «piloto muy innovador y pionero», que consiste en utilizar la inteligencia artificial para rastrear los perfiles públicos en Internet de los empleados públicos andaluces en Linkedin o Facebook, por ejemplo, para detectar cuáles son sus gustos y preferencias. Se analizaría qué tipo de información comparte el empleado público, si hace comentarios en noticias que pueda publicar un medio de comunicación o si entra en debates sobre algún asunto. A partir de esta información, la Junta conocería «qué le preocupa al funcionario y en qué puesto estaría mejor», dice Vielba en un vídeo compartido en redes sociales que acumula más de diez mil visitas.

Por lo tanto, en el perfil de cada empleado público, la Administración andaluza tendría su currículum, formación y todos los datos recabados a través de la inteligencia artificial de las redes sociales.

A pesar de que la secretaria general para la Administración Pública dio estas pinceladas públicamente sobre el proyecto del genoma del funcionario, las fuentes de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, que dirige Elías Bendodo, indicaron a EL MUNDO que esta reforma «no está sobre la mesa» y tampoco figura en el anteproyecto de ley de Función Pública andaluza.

El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos pretende que este anteproyecto de ley llegue al Parlamento andaluz en verano y pueda estar aprobado antes de que termine esta legislatura. Esta ley actualizará la regulación legal vigente, que data de 1985. La nueva ley de función pública es una vieja aspiración de los empleados públicos andaluces que los anteriores gobiernos andaluces del PSOE trataron de impulsar en diferentes etapas, pero nunca salieron adelante.

Aunque el proyecto del genoma del funcionario no figure en el anteproyecto de ley de Función Pública, los sindicatos no pierden de vista que esta propuesta la ha defendido la secretaria general para la Administración Pública, la máxima responsable de la política personal. En muchos aspectos, la Junta está todavía en el «neolítico» y por eso hablar de inteligencia artificial suena a algo muy lejano, cuando hay otros aspectos mucho más urgentes, como «modificar la relación de puestos de trabajo de la 'a' a la 'z'», expone Esperanza Morales de UGT-A, que considera «una barbaridad» el genoma del funcionario, que nadie les ha presentado a los sindicatos.

Para CSIF, este proyecto es un «despropósito», ya que los principios de «imparcialidad, objetividad y acatamiento del marco legal por el que se rigen los empleados públicos chocarían claramente» con este plan, que vulnera los «principios que rigen el acceso y la movilidad en la Administración pública, que son igualdad, mérito, capacidad y publicidad».

El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), Carlos Ezequiel Sánchez, denunció que el proyecto del genoma del funcionario es «una muestra más de que este gobierno le tiene auténtica fobia a los principios constitucionales que rigen el acceso a la función pública». Además, que pueda ser considerado un «mérito» aquello que los funcionarios opinen en sus redes es una «aberración jurídica nunca vista». Ese control a través de Facebook, Linkedin u otras es «propio de regímenes totalitarios», apostilló.

Para CCOO-A, el genoma del funcionario «vulnera principios constitucionales» y es un «atropello». Este sindicato vinculó este proyecto con el concepto de «idoneidad», introducido en el anteproyecto de ley de Función Pública. Esta «idoneidad» se incluye como principio de actuación general en el acceso a la función pública, «al mismo nivel que los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, cuando es un concepto abstracto». La polémica está servida.

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