El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha dirigido un escrito al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en el que le insta al cese urgente de la secretaria general para la Administración Pública, Ana María Vielba, y de la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Natalia Márquez, ante el cariz que están tomando los acontecimientos en relación con el sector público

En un extenso escrito, desde el SAF se enumeran y explican las razones que, para este sindicato, mayoritario en la representación de los funcionarios de administración general desde el año 2003, son determinantes en la evaluación de la gestión que se realiza desde Función Pública y que tachan de «incompetencia y falta de liderazgo a lo largo de los dos últimos años«, periodo coincidente con el cambio de gobierno en Andalucía.
Entre los argumentos que se dan desde el SAF al presidente de la Junta de Andalucía se encuentran «las caóticas convocatorias de personal interino en base a mandar un correo electrónico y ser los primeros en hacerlo (convocatorias exprés), excluyendo embarazadas y otros colectivos perfectamente definidos».
Las sentencias (que superan la docena hasta este momento) que los distintos tribunales están emitiendo a los recursos interpuestos por el SAF ante estas convocatorias, están sacando los colores a la administración, que está desbordada por sus desatinos. Sentencias que, tanto por el fondo como por la forma y por el coste añadido del pago de costas, «van a suponer un antes y un después en el seno de una Función Pública andaluza incapaz».

¿Para cuándo los concursos de méritos?

También se argumenta dentro de estas motivaciones la no convocatoria del concurso de méritos en los dos últimos años (cuando la normativa legal fija su convocatoria cada seis meses). Es decir, desde que el nuevo equipo de gobierno de PP-Cs ha tomado posesión y gestiona la Función Pública, no ha habido ni un solo concurso de méritos, «lo que cercena la carrera administrativa de miles de funcionarios e impide el reagrupamiento familiar en aquellos casos en los que existe un destino que difiere del domicilio familiar».

Otro tema que expone el SAF ante el presidente de la Junta en la petición de cese de las responsables de Función Pública es lo inexplicable que resulta que no se haya contado con un sindicato profesional y mayoritario de funcionarios en la elaboración del anteproyecto de Ley de Función Pública andaluza. SAF considera que ha habido «una obstrucción manifiesta en un tema capital, pues la actual ley data de 1985, y que los representantes legales y mayoritarios de un colectivo de más de 20.000 funcionarios no formen parte de los grupos de trabajo, es considerado como un verdadero agravio, un desatino inaceptable y no achacable a las casualidades, sino más bien a la redefinición que se pretende dar a las potestades públicas para el blanqueamiento de personal laboral procedente de las agencias y con dudosas o nulas pruebas de acceso a la administración en anteriores legislaturas».

Finalmente, en el escrito del SAF se exponen además un gran número de razones y
motivaciones que hacen necesario el relevo de las responsables de Función Pública, Ana María Vielba y Natalia Márquez, entre las que se pueden citar «la gestión global de Recursos Humanos durante la pandemia de la covid-19; la regulación e implantación del teletrabajo a golpe de instrucciones sin una norma reglamentaria; las modificaciones sin acuerdos de las relaciones de puestos de trabajo, en las que no ha primado el sentido de la negociación por mucho que se haya vendido de otra forma; la creación desmedida e injustificada de puestos de libre designación en contra de los acuerdos iniciales de gobierno en los que se abogaba por su reducción y su no creación fuera de los niveles 29-30; la no constitución de la Mesa de Funcionarios que exige el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), etcétera».

Desde el SAF se consideran unas razones de mucho peso y que ponen encima de la mesa del presidente de la Junta de Andalucía el deseo de reconducir la Función Pública andaluza y librarla del desgobierno y la improvisación que existe actualmente, considerando que, aún hoy, a mitad de legislatura, «es posible un cambio por el que la imagen pública de la administración no aparezca a diario en la prensa a golpe de ocurrencia, derivando en una gestión ineficaz, incapaz e indigna para las miles de personas que integran este colectivo y, por ende, al servicio que se está obligado a prestar a la ciudadanía».

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