La acusación popular reclama también un década de inhabilitación para empleo o cargo público por la externalización del control de cursos de formación durante su etapa como delegado de Economía de la Junta de Andalucía
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha pedido dos años de cárcel y una década de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde de Granada y ahora líder de la oposición en el Ayuntamiento, Francisco Cuenca, procesado por la externalización del control de cursos de formación durante su etapa como delegado territorial de Economía de la Junta de Andalucía.
El SAF, que ejerce las acusación popular en el procedimiento, emprendió esta causa con una denuncia por la presunta usurpación de funciones de los empleados públicos, que tienen la competencia en materia de control de los cursos de formación, una labor que fue encomendada a empresas privadas con contratos irregulares en las delegaciones andaluzas de Economía.
Por ello, también han sido procesadas otras 18 personas vinculadas a la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía y a las delegaciones del ramo por presuntos delitos de usurpación de funciones pública, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental por los hechos ocurridos en 2010, 2011 y 2012.
A la espera de que se resuelvan los recursos presentados por las defensas contra el auto de procesamiento del pasado 2 de octubre, es el momento de que las partes pidan al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, cuyo titular es José Ignacio Vilaplana, la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
En concreto, el SAF atribuye a Cuenca dos posibles delitos: usurpación de funciones y prevaricación. El escrito de acusación, adelantado por el diario Granada Hoy, sostiene que «consta en autos que Francisco Cuenca Rodríguez habría efectuado la ilícita contratación de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los cursos de formación profesional para la Economía Social en Granada durante los años 2010 y 2011».
Para conseguirlo, el entonces delegado socialista habría empleado «la adjudicación directa de los servicios» mediante un procedimiento como contrato menor, de «manera fraccionada», sin transparencia y de forma «concertada» para «privilegiar» a los contratistas, tal y como se desprende del sumario.
