Su organización ha sido muy combativa contra la llamada «Administración paralela», ¿en qué punto está la pelea?

Hemos sido muy combativos con este tema porque creemos que la «Administración paralela» le está quitando el trabajo al personal funcionario y por la defensa del servicio público. ¿Y en qué momento nos encontramos? Pues prácticamente igual, ahí sigue reconocida por el nuevo Gobierno andaluz, como por los anteriores. Son miles de trabajadores que no tienen funciones y están mano sobre mano. De hecho, este año hay en ella 1.330 más que en 2018, según el borrador de la Ley de Presupuestos de 2020, mientras los funcionarios son 130 más. Desde hace lustros se ha apostado por esa «Administración paralela» porque es más dócil y tiene menos controles. Los funcionarios no le deben el puesto a nadie, ni al partido ni al libro de familia de turno. La mejor forma de justificar su existencia es que no haya funcionarios, por eso no dotan las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT).

Desde la Junta se ha aseverado que la están recortando...

Este Ejecutivo quiere venderle a los ciudadanos, porque los funcionarios no nos tragamos el cuento, que están reduciendo entes, pero son los que estaban ya en extinción hace años y que no tenían personal. Y si lo había, lo han metido en otras agencias, con lo que no se ha reducido el número y estamos ante exactamente el mismo escenario. Por las declaraciones que hacen, que no van a despedir a nadie o que les van a buscar otras funciones, parece que todo continuará por desgracia igual. No puedo decir que todos los trabajadores de la «Administración paralela» sean «enchufados», pero hay miles, sólo el Gobierno sabe cuántos, que están sin trabajar cobrando del erario público, cuando Andalucía tiene alrededor de 800.000 desempleados. Es una canallada, es vergonzoso. Hay que acabar con ella porque sigue costando miles de millones a las arcas públicas yque las agencias estén de apoyo a las consejerías, no al revés.

Hablaba de enchufismo. Presentaron una denuncia en los tribunales con 85 nombres y apellidos de la extinta Faffe, pero sin mucho éxito…

Ni con éxito ni con fracaso. En mayo del año pasado pusimos en efecto una denuncia contra 85 personas de la Faffe, que ahora se autodenominan personal propio del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), por sus vinculaciones políticas, sindicales o familiares. El juez de turno archivó la denuncia a las 48 horas y recurrimos. Está en la Audiencia de Sevilla, que tiene que resolver. Llevamos año y medio esperando.

¿Tienen alguna otra causa en los tribunales?

Una «macrocausa» de 2014 que también estuvo parada mucho tiempo en el juzgado, en la que ahora se están tomando declaraciones, por agencias que estaban actuando al margen de la ley porque no tenían funcionarios y estaban dando subvenciones, por ejemplo. Tenemos denunciado un tema de centros de orientación del SAE que, según una sentencia de primera instancia, tienen que cerrar, pero el nuevo Ejecutivo ha recurrido y estamos a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie. Hemos actuado por el protocolo de la Agapa, además de otras cosas de menor calado más personalizadas. Y habrá más, porque la políticas de función pública son las mismas, no han cambiado.

Por lo que dice no parece que haga un balance muy positivo del casi primer año del Gobierno del cambio...

Lo hago muy negativo. Muchísimos funcionarios apostaron por un cambio y estaban esperanzados con este Gobierno, después de 37 años de un régimen socialista, con todos los matices democráticos que queramos poner porque salía de la voluntad de las urnas. Pero la gente está muy desilusionada porque lo que decían en la oposición parece que se les ha olvidado.

¿A qué re refiere?

La politización continúa y se siguen creando puestos de libre designación, los llamados «a dedo», sin justificar, sin motivar y sin encaje. Las RPT están desdotadas como antes... El único oasis en el desierto es el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), en el que se está haciendo un buen trabajo, empezando por su director. Hay transparencia, celeridad y una comunicación fluida con los sindicatos.

¿Ha detectado miedo a denunciar irregularidades?

Sí, a la gente le cuesta denunciar por las represalias que siempre se han tomado en la Junta. Te señalaban e iban a por ti, si lo hacías. Decimos a los compañeros que si ven alguna, la pongan en conocimiento del sindicato.

¿Qué reclama prioritariamente para los funcionarios?

La devolución de los derechos económicos y sociales que nos quitaron durante la crisis y que no se nos han devuelto: pagas adicionales, acción social, algunos permisos y vacaciones... Y luego la dignidad. No ha habido ningún reconocimiento a nuestro sacrificio. Hemos trabajado más horas con menos sueldo.

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