Ayer, 28 de abril de 2025, se celebró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Sin embargo, desde el SAF consideramos que se trató de un lunes muy, muy triste.
En la Administración General de la Junta de Andalucía no hay nada que celebrar ya que no tenemos Prevención de Riesgos Laborales porque nuestra Administración General sigue sin querer dimensionar y cubrir adecuadamente los puestos de las Unidades de Prevención con niveles superiores e intermedios tal como establece el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997).
Según el propio Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), de nuestra Consejería de Empleo, “TRABAJAR SIN PREVENCIÓN ES COSA DEL PASADO. Un trabajo sin prevención es un trabajo de otro tiempo. Que pone en riesgo al trabajador, a la empresa y a toda la sociedad.”
En casa del herrero, cuchara de palo
Cosa del pasado es que después de más de 25 años desde la aprobación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en muchos casos las unidades de prevención no puedan cumplir con las obligaciones preventivas por falta de compromiso de la alta dirección al no facilitar la tan necesaria disposición de recursos humanos (Técnicos Superiores e Intermedios). Entre otras cuestiones que podríamos citar, ¿Para cuándo las evaluaciones de riesgos psicosociales en una Administración en permanente tendencia al aumento de la arbitrariedad vía evaluación del desempeño?
Conviene recordar que la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo constituye un cuerpo de Derecho necesario mínimo indisponible que nuestra Administración General escandalosamente no respeta a pesar de tener las competencias para sancionar a las empresas por los incumplimientos en la materia. Este cuerpo de Derecho necesario mínimo indisponible tiene su base en la transposición de una Directiva europea.
En el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, desde el SAF reivindicamos la necesidad de un dimensionamiento adecuado de las Unidades de Prevención que garantice el cumplimiento de las obligaciones legales y el respeto a los derechos fundamentales de de los funcionarios frente a una Administración General de la Junta de Andalucía que sistemáticamente los lesiona.
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