El pasado 17 de agosto la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía acordó, con los votos del PP y Cs y la sorpresiva abstención de Unidas Podemos, convalidar el Decreto -Ley 16/2021 por el que se crea la Agencia Empresarial TRADE, si bien tendrá que tramitarse como proyecto de Ley por exigencia de Vox y U.P. por lo que podrá enmendarse  su redacción actual.

Recordamos que con la creación de esta Agencia se pretende fusionar Andalucía Emprende, Agencia Andaluza del Conocimiento, Agencia IDEA y Extenda manteniendo a la totalidad de sus plantillas y del gasto (1.500 personas aproximadamente).

Esta convalidación se produce en un contexto en el que el inefable Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, calificaba recientemente a los entes instrumentales de la Junta de Andalucía como «una maraña de empresas públicas que se crearon buscando el interés del PSOE y no el de los andaluces, una herramienta más para ir dopados a las elecciones y estar 37 años anclados en el poder»  Nos obstante, a la vez  afirmaba que «los trabajadores de las empresas públicas deben estar tranquilos porque ellos no son culpables del Gobierno que los sumió en el caos y en el desgobierno. Ellos no son culpables».

Desde el SAF nos preguntamos: ¿Sr. Bendodo, si no son culpables qué son? ¿Acaso son "víctimas" de acceder al empleo público por vías al margen de la legalidad? ¿No los considera siquiera partícipes a título lucrativo de esa red clientelar?

Qué mejor ocasión que la reciente visita al “Mercado Sabor a Málaga Coín Tomate Huevo de Toro”  para que el Sr. Bendodo pidiera sin ruborizarse el apoyo a la creación de TRADE  a «todas las fuerzas del cambio, que son PP, Cs y Vox, y que estuvieran a la altura de lo que votaron los andaluces hace ya dos años y medio, que nos votaron para cambiar, entre otras cosas, para reducir el aparato administrativo y desmontar el régimen clientelar».

¿Pretende el autodenominado Gobierno del Cambio convencer a alguien, en un ejercicio de trilerismo administrativo,  que fusionar 4 Agencias en 1, manteniendo a la totalidad del personal (nada menos que 1.500 personas) y la totalidad del gasto, contribuye en algo a desmontar un régimen clientelar?

Y es que llueve sobre mojado. Hace unos días asistíamos atónitos a las declaraciones del Vicepresindente Juan Marín, abanderado de la regeneración, que afirmaba “que no se puede despedir a un enchufado con derechos adquiridos”.  Tampoco tuvo empacho en reconocer que: “ hay trabajadores en esos entes que no han tenido oportunidad para trabajar. Yo tengo amigos que llevan tres años de brazos cruzados”.

Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios debemos recordar al Sr. Marín que estas personas, entre las que cuenta a algunos de sus amigos, sí han cobrado religiosa e íntegramente sus nóminas durante los años del gobierno del cambio… a pesar de no realizar función alguna.

Le preocupan al Sr. Marín, Consejero responsable de las áreas de Regeneración y Transparencia,  las consecuencias judiciales de despedir a lo que él mismo califica de “enchufados” pero parece sentirse bien, cómodo como responsable de regenerar una Administración llena de personal que accedió a esos puestos de forma opaca y prescindiendo total y absolutamente de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

En SAF tenemos muy claro que, con las palabras y los actos del actual Gobierno, en absoluto tiene intención de regenerar la Administración… más que de boquilla. Buena prueba de ello, la enésima demostración, la tenemos en el enjuague del Anteproyecto de Función Pública en lo concerniente a las Potestades Públicas:

En el propio acto de presentación del citado Anteproyecto, uno de sus ponentes, Jesús Jiménez, exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,  reconocía en un ataque de sinceridad ante la Secretaria General para la Administración Pública (Ana Mª Vielba), que el precepto sobre Potestades Públicas se ha redactado ad hocsabiendo qué administración tenemos y qué administración queremos tener”. Y es que, según él, no tendría sentido que habiendo distintas opciones normativas, se optara por un modelo “incompatible” con seguir dando tareas propias de funcionarios al abundante personal laboral de las entidades instrumentales, eso sí, con cobertura legal y sabiendo de antemano que conllevará conflictividad judicial.

Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios podemos afirmar con rotundidad que son tan responsables de la actual situación de politización y desprofesionalización de la administración de la Junta de la Andalucía tanto aquellos que durante décadas construyeron una red clientelar de proporciones bíblicas, como éstos que teniendo ocasión de derruirlas están optando por mantenerlas, intentándonos hacer creer que con una manita de chapa y pintura está todo solucionado.

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