SAF DENUNCIA LA ADJUDICACIÓN MASIVA DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN POR ARTÍCULO 30 SIN NINGÚN TIPO DE PUBLICIDAD

El SAF ha tenido conocimiento que en la actualidad, en todas las provincias andaluzas, se están desempeñando puestos de trabajo de libre designación en base al procedimiento de provisión previsto en el artículo 30 de la Ley 6/1985, pero de cuya convocatoria no hemos sido informados ni se ha publicado (Web del empleado público o cualquier tablón de anuncios) hecho éste que, al imposibilitar que nadie pueda participar en los mismos, supone que los nombramientos sean ilegales. Este tipo de nombramiento directo carece de procedimiento, de publicidad, de plazo de presentación de solicitud. No existe la posibilidad de que otra persona pueda participar distinta a la que el designante quiera poner en el puesto. Con absoluta arbitrariedad, descaro y con probabilidad, al margen de toda idoneidad.
Esta falta de publicidad de las convocatorias de art.30 (exigida en el TREBEP, Ley 6/85, Decreto 2/2002 y en la propia Instrucción 1/2009) supone el incumplimiento del Principio más básico que debe presidir el acceso o provisión de puestos de trabajo, por ello entendemos que estos hechos son especialmente graves al estar nombrándose personas en puestos de máxima responsabilidad dentro de la carrera administrativa funcionarial sin seguir ningún tipo de procedimiento, pues sin convocatoria pública se imposibilita la participación del personal funcionario.
El SAF exige que esta práctica debe terminar con carácter inmediato, máximo cuando incluso estamos comprobando que algunos puestos se están ejerciendo sin cumplir con los requisitos (sobre todo el de experiencia en el Área).

Por ello hemos solicitado a la SGAP que nos informen de todos los puestos de Libre Designación que actualmente están ocupados, o lo han estado, por art.30. Que se proceda a la revocación o nulidad de los mismos, se exijan las responsabilidades que procedan contra los gestores de dichos procedimientos y le advertimos que vamos a poner los hechos en conocimiento de la Inspección General de Servicios, Defensor del Pueblo, Consejo Andaluz de Transparencia, así como dar la debida difusión de los mismos.

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