Un colectivo de funcionarios interinos, que superan los tres años de interinidad porque la Administración lo ha permitido y que entienden por ello que están un fraude de Ley, se encuentra detrás de la recogida de firmas para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Sus pretensiones son que el gobierno andaluz apruebe una Oferta de Empleo Público (O.E.P.) en la que procedimiento de selección sea en exclusiva el concurso de méritos, y dada su excepcionalidad, debería aprobarse con una norma de rango de Ley, tal como establece el TREBEP.
La intención de este colectivo no es otra que la de acceder a la condición de funcionario de carrera en un procedimiento “ad hoc” – a medida-, o lo que es lo mismo, un procedimiento sin oposiciones. En resumidas cuentas, pretenden que se aprueba una O.E.P. con nombres, apellidos y D.N.I., lo que constituye un auténtico atentado a los derechos del resto de ciudadanos que quieran acceder a la administración pública y un auténtico atentado a los Principios establecidos por la Constitución.
Desde SAF nos parece una injusticia y una inmoralidad participar en un fraude que ellos mismos denuncian y luego aprovecharse del mismo para obtener ventaja respecto al resto de opositores.
La pretensión de este colectivo supone una burla sin precedentes al principio de igualdad y de libre concurrencia que debe regir cualquier procedimiento selectivo de acceso a la función pública. Esta propuesta no es nada ética, además de demagógica, injusta y sobre todo egoísta. Pretende que haya “ciudadanos de primera y de segunda” a la hora de acceder a la administración. Estos interinos aspiran a que se les pongan en bandeja las plazas de funcionarios sin el más mínimo esfuerzo para superar una oposición, lo que les convierte en “ciudadanos de primera”. El resto de opositores, los que no se han aprovechado de esta circunstancia del fraude de Ley y que deberán acreditar su valía en las exigentes oposiciones, son los “ciudadanos de segunda.”
Estos interinos, cuando accedieron a tal condición en la administración, eran plenamente sabedores de ello. Y en la Administración General de la Junta de Andalucía muchos accedieron a puestos de personal interino sin pasar ninguna prueba selectiva (simplemente a través de sondeos del SAE). A mayores, durante muchos años han podido presentarse a las distintas O.E.P. en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos opositores. Pero tampoco lo han hecho o lo han conseguido.
Los responsables de la temporalidad en el empleo público no son otros que los regidores de las distintas administraciones, que permiten interinidades con periodos de tiempo tan extensos. También de forma egoísta, pues son los que sacan su trabajo adelante. No es de recibo que haya interinos con más de 20 años… de interino. Y LOS HAY. Las situaciones de este tipo no pueden durar tanto en el tiempo. Es urgente una regulación de máximos. Y la mejor solución a la temporalidad es la convocatoria de todas las plazas dotadas y vacantes en procesos selectivos de oposición, por supuesto sin fase de concurso de méritos. Unas oposiciones en las puedan participar todos los ciudadanos bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y también con publicidad, transparencia y LIBRE CONCURRENCIA. Oposiciones con pruebas selectivas objetivas y objetivables, ya que, sin duda, es el mejor sistema para seleccionar a las personas más preparadas.
Desde SAF siempre hemos trabajado, luchado y hasta exigido que esto sea así. Y ahora no vamos a cambiar.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios pide públicamente al nuevo “gobierno del cambio” que esté a la altura que se le espera y que gobierne para TODA LA CIUDADANÍA, sin permitir ni otorgar privilegios y mucho menos sin beneficiar a estos colectivos particulares, con pretensiones tan injustas y egoístas frente al resto de la ciudadanía.
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