Las Fiscalías Provinciales andaluzas investigan a los directores de los 95 consorcios que recibieron más de 57 millones de euros en tres años.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, se persona como acusación popular en el caso de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) a través del correspondiente escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, en el que manifiesta que dicha personación se refiere a las Diligencias Previas número 1267/2015, seguidas a su instancia a través de la denuncia formulada ante la Fiscalía Superior de Andalucía por las posibles irregularidades en la gestión de las Utedlt que contenía el Informe de Fiscalización OE 3/2012 de la Cámara de Cuentas (Ver en prensa).
SAF pide en el escrito al Juzgado que le traslade "lo actuado hasta el presente" en este caso. Y es que las Fiscalías Provinciales andaluzas han seguido adelante con la investigación iniciada por la Fiscalía Superior por presuntos delitos de malversación y prevaricación en los 95 consorcios Utedlt que recibieron 57,3 millones de euros en ayudas concedidas por el SAE entre 2010 y 2012.
La Cámara de Cuentas de Andalucía refleja en el Informe la opacidad en la finalidad de las ayudas mencionadas, las irregularidades en los procesos de selección de personal y en el uso de herramientas de control y los posibles indicios generadores de responsabilidad penal, argumentos apoyados por la Unidad Adscrita de Policía Judicial.
En este sentido, la Cámara concluye que "un 2% de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que en un 48% de los casos no había mediado convocatoria pública. Es más, los Directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros.
A raíz de estos hechos, SAF solicita a la Fiscalía Superior investigarlos y es entonces cuando la Fiscalía ordena por escrito "la remisión de copia testimoniada íntegra de las presentes Diligencias de Investigación Penal nº 15/2014 a todas las Fiscalías Provinciales de la Comunidad Autónoma para que (...) lleven a cabo la investigación de los hechos y, si fuera preciso, formulen la denuncia correspondiente que debiera tener lugar antes del próximo 4 de marzo de 2015".
SAF considera fundamental que la Justicia investigue en profundidad estas posibles irregularidades en la gestión de millones de euros de las arcas públicas y se depuren responsabilidades si fuera necesario.
Descargar informativo (versión pdf).
