En la tarde de ayer, con los votos a favor del PP y del PSOE y en contra de Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el Pleno del Parlamento andaluz aprobó la Ley de la Función Pública de Andalucía.
Hoy a través de distintos medios de comunicación, el Gobierno nos intenta vender esta Ley como "un instrumento de modernización para lograr un empleo público de calidad, cualificado, eficiente y comprometido con la realidad social y las exigencias y anhelos actuales, todo ello con el objetivo último de favorecer la excelencia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía en una administración del siglo XXI".
Desde el SAF tenemos claro que hay motivos objetivos más que suficientes para ver esta Ley de forma radicalmente distinta.
La Ley de la vergüenza.
La Ley de la desprofesionalización de la función pública.
La Ley que privatiza.
La Ley que externaliza.
La Ley que otorga más potestades públicas al personal laboral.
La Ley que aumenta el control político, y decimos única y exclusivamente, político, sobre el funcionario.
Ayer representantes del resto de sindicatos acudieron a aplaudir la aprobación de la Ley y a hacerse la foto con los máximos responsables políticos de su aprobación (de hecho algunas llegaron juntas demostrando una connivencia y parcialidad bochornosas).
Hoy a través de distintos medios de comunicación, el Gobierno nos intenta vender esta Ley como "un instrumento de modernización para lograr un empleo público de calidad, cualificado, eficiente y comprometido con la realidad social y las exigencias y anhelos actuales, todo ello con el objetivo último de favorecer la excelencia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía en una administración del siglo XXI".
Desde el SAF tenemos claro que hay motivos objetivos más que suficientes para ver esta Ley de forma radicalmente distinta.
La Ley de la vergüenza.
La Ley de la desprofesionalización de la función pública.
La Ley que privatiza.
La Ley que externaliza.
La Ley que otorga más potestades públicas al personal laboral.
La Ley que aumenta el control político, y decimos única y exclusivamente, político, sobre el funcionario.
Ayer representantes del resto de sindicatos acudieron a aplaudir la aprobación de la Ley y a hacerse la foto con los máximos responsables políticos de su aprobación (de hecho algunas llegaron juntas demostrando una connivencia y parcialidad bochornosas).
Mientras tanto el SAF estaba en la calle, frente al Parlamento, protestando y denunciando los graves perjuicios que va a suponer para nuestro colectivo la aprobación de esta Ley.
La Ley que busca el acceso y provisión de puestos a la función pública a través de entrevistas y memorias, atacando la igualdad, mérito y capacidad tanto en el acceso cómo en la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario.
La Ley que afectando al personal funcionario de Administración General la Administración de la Junta de Andalucía ha negociado a espaldas del SAF, sindicato mayoritario del funcionario afectado por esta Ley ¿Por qué?
Porque sabían que esta Ley era impresentable, que jamás sería aceptada por un sindicato profesional e independiente de todo intervencionismo político. Por ese motivo evitaron cualquier negociación y la llevaron allí donde sabían que sí sería aceptada: a la Mesa General donde la única representación de UGT, CCOO y CSIF, daría su visto bueno y acudirían raudos a hacerse la foto con los políticos de la Junta de Andalucía, a pesar de tener menos representatividad que el Sindicato Andaluz de Funcionarios en el ámbito del personal FUNCIONARIO.
Y todo esto con por un Gobierno del Partido Popular que cuando estaba en la oposición impugnó la Ley de Reordenación del Sector Público. Un partido que llamaba “enchufados” y denominaba “grasa administrativa” al personal de Empresas y Fundaciones públicas, como el de procedente de la FAFFE y que ahora mantiene, consolida y al que saca ofertas de empleo de estabilización a medida.
Un Ley que aumenta la cantidad de POTESTADES PÚBLICAS que pueden realizar el personal no funcionario, invadiendo y usurpando estas Potestades al personal funcionario: Es la mejor fórmula que han encontrado para que este personal no esté brazos cruzados.
Se está consolidando, por poner un ejemplo, que el control de cumplimiento de las SUBVENCIONES, tanto andaluzas como con fondos procedentes de la Unión Europea, se realice por personal externo, AJENO A LOS PROPIOS FUNCIONARIOS, sobre todo en el ámbito de la agricultura, la ganadería, la pesca y medio ambiente. ¿Acaso nuestros POLÍTICOS NO son conscientes de la gravedad de esto?
Somos 20.000 funcionarios en la ADMINISTRACIÓN GENERAL de la Junta de Andalucía, frente a más de 26.000 personas externas y 24.000 personas con la categoría de personal laboral del VI Convenio Colectivo. La suma es sencilla: tenemos una Administración andaluza de 50.000 laborales –que no pueden ejercer Potestades Públicas- frente a 20.000 funcionarios. Es necesario que se sepa, que se conozca que si una persona acude a la administración de la Junta de Andalucía, difícilmente será atendido por personal funcionario. El PERSONAL FUNCIONARIO es una especie en extinción, pero por motivos bien claros: nos quieren exterminar, les somos incómodos y con esta Ley quieren cavar nuestra tumba.
También PROMETIÓ el Partido Popular durante años mientras estaba en la oposición, terminar con la LIBRE DESIGNACIÓN. El procedimiento de provisión de puestos dentro de la Administración, para los funcionarios de cuerpos superiores, los que van a decidir sobre la tramitación de los expedientes, los de mayor responsabilidad, que están clasificados en los niveles 26 a 30. La Junta de Andalucía es la única Administración de España donde se designan estos puestos por la LIBRE DESIGNACIÓN del candidato que considere idóneo el POLÍTICO DE TURNO, mientras que en el resto de España esta designación se realiza mayoritariamente atendiendo y respetando la igualdad, el mérito y la capacidad.
Pues bien, el Partido Popular prometió que todos los puestos por debajo del nivel 30 serían ocupados a través de un concurso de méritos. Lo que ha pasado en la práctica durante los últimos 5 años y medio es que este mismo Partido Popular no ha hecho sino aumentar la Libre Designación y con esta Ley consolidan aún más esta forma de provisión y van a aumentar los PLDs, lo que parecía ya un imposible.
El Gobierno de la mentira, de las promesas incumplidas, quiere que la Administración no esté al servicio del interés general y de la ciudadanía, sino al servicio del partido político y de los intereses políticos. Los funcionarios decimos BASTA y así se lo vamos a demostrar de ahora en adelante.
Si no es suficiente el que los funcionarios que resuelven los expedientes y que tienen mayor capacidad de decisión estén sometidos en cuanto a su NOMBRAMIENTO y CESE a la discrecionalidad del político de turno, ahora introducen la EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, no para el pago de un nuevo complemento, como ha pasado en alguna otra Administración, sino para el pago de retribuciones que ya venía recibiendo el personal funcionario como es su COMPLEMENTO DE DESTINO ¿Qué buscan con esto? Sin duda, tener CONTROLADOS POLITICAMENTE a todos los funcionarios, desde el primero hasta el último. Una absoluta vergüenza, y por ello nos sentimos atacados y usurpados.
El SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS, como organización sindical MAYORITARIA, no está legitimado para IMPUGNAR esta Ley, pero SÍ impugnaremos toda aquella NORMATIVA DE DESARROLLO que suponga la vulneración de nuestra imparcialidad y de los principios de Igualdad, Mérito y Capacidad en el acceso y realizaremos las protestas, concentraciones y manifestaciones que sean necesarias para evitar la implementación de esta bochornosa Ley, en la que los primeros perjudicados NO LO DUDEMOS ni por un momento, no van a ser los funcionarios sino, lamentablemente, la CIUDADANÍA.
La Ley que busca el acceso y provisión de puestos a la función pública a través de entrevistas y memorias, atacando la igualdad, mérito y capacidad tanto en el acceso cómo en la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario.La Ley que afectando al personal funcionario de Administración General la Administración de la Junta de Andalucía ha negociado a espaldas del SAF, sindicato mayoritario del funcionario afectado por esta Ley ¿Por qué?
Porque sabían que esta Ley era impresentable, que jamás sería aceptada por un sindicato profesional e independiente de todo intervencionismo político. Por ese motivo evitaron cualquier negociación y la llevaron allí donde sabían que sí sería aceptada: a la Mesa General donde la única representación de UGT, CCOO y CSIF, daría su visto bueno y acudirían raudos a hacerse la foto con los políticos de la Junta de Andalucía, a pesar de tener menos representatividad que el Sindicato Andaluz de Funcionarios en el ámbito del personal FUNCIONARIO.
Y todo esto con por un Gobierno del Partido Popular que cuando estaba en la oposición impugnó la Ley de Reordenación del Sector Público. Un partido que llamaba “enchufados” y denominaba “grasa administrativa” al personal de Empresas y Fundaciones públicas, como el de procedente de la FAFFE y que ahora mantiene, consolida y al que saca ofertas de empleo de estabilización a medida.
Un Ley que aumenta la cantidad de POTESTADES PÚBLICAS que pueden realizar el personal no funcionario, invadiendo y usurpando estas Potestades al personal funcionario: Es la mejor fórmula que han encontrado para que este personal no esté brazos cruzados.
Se está consolidando, por poner un ejemplo, que el control de cumplimiento de las SUBVENCIONES, tanto andaluzas como con fondos procedentes de la Unión Europea, se realice por personal externo, AJENO A LOS PROPIOS FUNCIONARIOS, sobre todo en el ámbito de la agricultura, la ganadería, la pesca y medio ambiente. ¿Acaso nuestros POLÍTICOS NO son conscientes de la gravedad de esto?
Somos 20.000 funcionarios en la ADMINISTRACIÓN GENERAL de la Junta de Andalucía, frente a más de 26.000 personas externas y 24.000 personas con la categoría de personal laboral del VI Convenio Colectivo. La suma es sencilla: tenemos una Administración andaluza de 50.000 laborales –que no pueden ejercer Potestades Públicas- frente a 20.000 funcionarios. Es necesario que se sepa, que se conozca que si una persona acude a la administración de la Junta de Andalucía, difícilmente será atendido por personal funcionario. El PERSONAL FUNCIONARIO es una especie en extinción, pero por motivos bien claros: nos quieren exterminar, les somos incómodos y con esta Ley quieren cavar nuestra tumba.
También PROMETIÓ el Partido Popular durante años mientras estaba en la oposición, terminar con la LIBRE DESIGNACIÓN. El procedimiento de provisión de puestos dentro de la Administración, para los funcionarios de cuerpos superiores, los que van a decidir sobre la tramitación de los expedientes, los de mayor responsabilidad, que están clasificados en los niveles 26 a 30. La Junta de Andalucía es la única Administración de España donde se designan estos puestos por la LIBRE DESIGNACIÓN del candidato que considere idóneo el POLÍTICO DE TURNO, mientras que en el resto de España esta designación se realiza mayoritariamente atendiendo y respetando la igualdad, el mérito y la capacidad.
Pues bien, el Partido Popular prometió que todos los puestos por debajo del nivel 30 serían ocupados a través de un concurso de méritos. Lo que ha pasado en la práctica durante los últimos 5 años y medio es que este mismo Partido Popular no ha hecho sino aumentar la Libre Designación y con esta Ley consolidan aún más esta forma de provisión y van a aumentar los PLDs, lo que parecía ya un imposible.
El Gobierno de la mentira, de las promesas incumplidas, quiere que la Administración no esté al servicio del interés general y de la ciudadanía, sino al servicio del partido político y de los intereses políticos. Los funcionarios decimos BASTA y así se lo vamos a demostrar de ahora en adelante.
Si no es suficiente el que los funcionarios que resuelven los expedientes y que tienen mayor capacidad de decisión estén sometidos en cuanto a su NOMBRAMIENTO y CESE a la discrecionalidad del político de turno, ahora introducen la EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, no para el pago de un nuevo complemento, como ha pasado en alguna otra Administración, sino para el pago de retribuciones que ya venía recibiendo el personal funcionario como es su COMPLEMENTO DE DESTINO ¿Qué buscan con esto? Sin duda, tener CONTROLADOS POLITICAMENTE a todos los funcionarios, desde el primero hasta el último. Una absoluta vergüenza, y por ello nos sentimos atacados y usurpados.
El SINDICATO ANDALUZ DE FUNCIONARIOS, como organización sindical MAYORITARIA, no está legitimado para IMPUGNAR esta Ley, pero SÍ impugnaremos toda aquella NORMATIVA DE DESARROLLO que suponga la vulneración de nuestra imparcialidad y de los principios de Igualdad, Mérito y Capacidad en el acceso y realizaremos las protestas, concentraciones y manifestaciones que sean necesarias para evitar la implementación de esta bochornosa Ley, en la que los primeros perjudicados NO LO DUDEMOS ni por un momento, no van a ser los funcionarios sino, lamentablemente, la CIUDADANÍA.
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