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SAF solicitará la no convalidación del Decreto Ley 1/2017 por usurpar potestades públicas

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Intervencion Presidente del SAF

El día 29 de marzo de 2017 se publicó en el BOJA el Decreto-Ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.

De nuevo, el gobierno andaluz pretende otorgar potestades administrativas a una agencia que no puede ejercerlas al carecer de personal funcionario para realizar dichas funciones. La Agencia Pública Andaluza de Educación se encuadra dentro de las agencias públicas empresariales, por tanto la totalidad de su personal se rige por el Derecho Laboral.

En dicho Decreto-Ley 1/2017, se le atribuyen, a la Agencia de Educación, potestades en materia subvencionadora, de procedimiento de reintegro y de procedimiento sancionador.

Estas competencias vienen desarrolladas y concretadas en el Anexo I del citado Decreto Ley, donde se establecen las bases reguladoras del Programa de Ayuda aprobado por el Decreto Ley, “Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil en Andalucía”.

Obviamente estas medidas se enmarcan  en un ámbito de máxima urgencia e importancia, pues tal como se refleja en su Exposición de Motivos está “destinado a la atención social y educativa de los niños y niñas menores de 3 años, ámbito que reviste una importancia fundamental en los primeros años de vida, base e inicio de todo el proceso educativo

En el contenido del Anexo I aparecen desarrolladas funciones de ejercicio de potestades públicas que se extienden al análisis y valoración de las solicitudes, su ordenación, la evaluación y emisión de informes, trámite de audiencia, propuesta de resolución y resolución final, justificación de las ayudas…. así como todas los trámites de incoación, instrucción y resolución de los procedimiento de reintegro y sancionadores. En definitiva todos los procedimientos administrativos de concesión de subvenciones y su justificación, así como, los de reintegro de la subvención y el sancionador, procedimientos que están sometidos de lleno al Derecho Administrativo.

El artículo 9.2 del TREBEP (Texto refundido del Estatuto del Empleado Público) establece que las potestades públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos.

Asistimos a un ataque sin precedentes a las potestades administrativas, con una alarmante falta de respeto hacia los ciudadanos y los funcionarios. La Junta de Andalucía parece tener como misión la aniquilación de una administración pública que vele por el interés general, apostando en cambio por la llamada “administración paralela”, aunque eso suponga soslayar las leyes actuales y las sentencias de los tribunales de justicia. La situación es más que preocupante.

Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios entendemos que la gravedad de los hechos es límite, pues se quiebra el modelo constitucional de  reserva funcional de las potestades públicas al personal funcionario, único personal que ofrece las notas de objetividad, imparcialidad e independencia política que exige el desempeño directo e indirecto de estas potestades.

El SAF ha solicitado reunirse con los distintos Grupos Parlamentarios Andaluces para solicitar la no convalidación del texto de este D-L 1/2017, un claro atentado al Estado de Derecho.

  

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Actualizado ( Miércoles, 05 de Abril de 2017 10:45 )  

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